miércoles, 20 de mayo de 2015

     CAUSAS DEL DESEMPLEO ESTRUCTURAL EN ESPAÑA
      Actualmente, vemos con mucha frecuencia numerosas noticias que muestran el elevado desempleo español en términos tanto absolutos como relativos -en contraste con la gran mayoría de estados que conforman la UE, independientemente de tratarse de períodos de bonanza o de crisis económica-. Ello es consecuencia de la Gran Recesión, así como de otros factores de índole institucional, fiscal, demográfica, jurídica y productiva que han pervivido a lo largo de muchos años o décadas y que han repercutido, en este caso, en la variable dependiente del paro en España. Estos constituirán el objeto principal de nuestra presentación y se recogerán en el apartado sobre causas.
         El famoso estereotipo nacional e internacional Spain is different se cumple a rajatabla en nuestro mercado laboral, con lo que cabe preguntarse cuáles son los factores para que esta situación sea así. Son múltiples y se recogen a continuación.
          El primero de ellos es de índole demográfica. Así, en nuestro país, el cuarto más viejo del mundo, existe un elevado número de personas ancianas (más del 16% -7,5 millones- supera los 65 años), que son casi todas dependientes, sobre la población total (todos los seres humanos que viven en una zona concreta). El total de pensionistas, si sumamos a la mayoría de personas de la tercera edad, junto a otros beneficiarios jóvenes o de mediana edad, supera los 8.400.000 personas en el primer trimestre de 2015.
          Así, el gasto en pensiones superó en 2014 el 10% del PIB, mientras que el sanitario fue de 6,8%. Tres cuartas partes de los usuarios de Sanidad fueron personas de avanzada edad, debido a su elevada proporción sobre la población total más sus circunstancias biológicas. A ello hay que sumarle que cada año España invierte ayudas extra en personas mayores (el último año supusieron una inversión equivalente al 0,6% del PIB).
          También hay que añadir que nuestro país tiene un alto índice de población en edad de trabajar sobre el total (67,4% frente al 66,6% de media comunitaria), por lo que la existencia de un alto índice de desempleo en este tramo de edad supone un porcentaje significativo de personas económicamente no productivas.
          Todo ello conlleva mayores esfuerzos fiscales y en costes de la Seguridad Social en las familias y empresas, que, de otro modo, podrían invertirse en consumo o en creación de puestos de trabajo.
Nuestra segunda causa es de índole jurídica. Así, mientras la media de indemnización por despido es de 22,1 días por año trabajado en los páises de la OCDE; en España, antes de la modificación del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo en 2012, era de 52 días. Actualmente, sigue siendo comparativamente alta, pues se sitúa en 33 días de salario anuales. Ello se traduce en reticencias para la contratación por parte de los empresarios y en pérdidas económicas para la compañía correspondiente, ante el pago forzoso de importantes cantidades por despido.
        No obstante, también subyace en este sentido otra lectura desde una óptica intervencionista o filosindicalista, pues un contrato fijo protege mejor frente al desempleo a la población ocupada por cuenta ajena. Un ejemplo de ello fue la aplicación de la mencionada reforma laboral -que incentiva la contratación indefinida-, la cual influyó en un crecimiento del paro en más de 3 puntos porcentuales entre 2011 y 2012. Además, si a ello le sumamos el posibilitamiento de la mencionada reducción de costes, que antes comentábamos, el índice de despidos entre la población empleada será mayor.
         De esta manera, en España hemos pasado de un 31,7% de contratados eventuales en 2008 a un 23,6% en 2014, siendo tres cuartas partes indefinidas o fijas. En el caso de los contratos indefinidos, aunque su estabilidad sea mayor que la de los temporales, las herramientas de despido se asemejan bastante a estas.
      En contraposición, la rigidez laboral perjudica a aquellas personas que buscan activamente empleo.
         En definitiva, tenemos un doble handicap: por un lado, una protección especial al trabajador que perjudica el crecimiento económico; y, por otro, una inestabilidad contractual que redunda en muchas ocasiones en la expulsión de la empresa, en caso de caída de los ingresos.
     La contratación indefinida busca precisamente acabar con estas causas de deficiencias productivas, dotándose de instrumentos de flexiguridad: estabilidad laboral y protección al trabajador, combinada con despidos, en su caso, lo menos doloroso posible para las empresas.
           Otras causas de índole jurídica que influyen en el fuerte desempleo estructural son el exceso de burocracia para crear una empresa (en España existen más de 100.000 normas, muchas de ellas laborales, y se tardan 6 meses de media; mientras que en Australia y EE.UU, entre 24 y 48 horas) o las barreras para el funcionamiento laboral de los trabajadores autónomos: al darse de alta tienen que pagar entre 884,4 y 3606 euros y tienen que pagar entre 264 y 1075 euros, entre otras desventajas, que en definitiva, ocasionan un menor nivel de emprendimiento entre la población y, por tanto, una creación menor de empleo.
          En tercer lugar, subyacen unos bajos niveles de movilidad geográfica o funcional, que dificultan el logro del equilibrio en el mercado de trabajo. De esta forma, la tasa de movilidad interprovincial se sitúa en el 11,9%; mientras que la interautonómica es del 9,8%. Son niveles claramente parcos.
            Ello obedece principalmente a móviles culturales: sigue bastante extendida la idea de tener un trabajo fijo en el área territorial propia más una casa en propiedad. A su vez, ello responde a motivos muy variados, como el menor espíritu emprendedor del catolicismo, en contraposición al del protestantismo; el menor nivel económico respecto a otras zonas del Planeta, como los países nórdicos, que permiten una emancipación muy temprana y, por tanto, la costumbre de vivir en alquiler; o la ausencia de un nivel destructivo de viviendas semejante al de los países centroeuropeos (que sufrieron la II GM), que les llevó a adoptar el alquiler como modalidad principal de vivienda, dándoles así, mayor flexibilidad a nivel profesional.
           En segundo lugar, también existe una causa de índole normativa. Hasta la modificación del ET (Sección 1ª del Capítulo III) en 2012, el fomento de la movilidad era escaso. Hoy en día, en lo referido a la movilidad funcional, esta se llevará a cabo -partiendo previamente de una clasificación profesional- atendiendo a las titulaciones académicas o profesionales, pudiendo desatenderse, si existen razones técnicas u organizativas que lo justifiquen. La retribución a percibir irá acorde con las funciones que desempeñe.
           En lo referente a la movilidad geográfica, de acuerdo con los cambios habidos en el Estatuto de los Trabajadores, esta requerirá de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. En todo caso, y como hemos visto, los niveles de movilidad son lo suficientemente bajos como para influir en la reducción del desempleo estructural.
          En quinto término, una cuestión de suma trascendencia es si el sistema educativo es capaz de aportar personas dotadas de un perfil profesional adecuado -demasiado rígido y teórico, el actual- para que puedan ser absorbidos por el mercado laboral. Así, el número de meses que tardan los jóvenes de entre 15 y 29 años es superior a 8, mientras que la media de la UE es de 6 meses y medio.         Este desligamiento entre sistema productivo(por ejemplo, en los ciclos formativos de grado medio y superior las horas prácticas se sitúan sólo entorno al 20% del total de carga lectiva) y formación de mano de obra se aprecia en el éxodo de jóvenes de gran cualificación a otros países, al no tener España la oportunidad de desempeñar una labor profesional ligada a sus estudios.
          En este sentido, los nuevos planes de Bolonia de las universidades caminan hacia un enfoque más práctico, al otorgar aproximadamente (dependiendo del plan) el 25% de los créditos a prácticums externos, mientras que la práctica totalidad de las escuelas de negocio han incorporado un sistema pedagógico teórico-práctico o esencialmente práctico.
          Así, el mal uso que en muchas ocasiones se hace del dinero público (en numerosas ocasiones, mezclado con casos de corrupción) está muchas veces asociado a la escasa implementación de normas que establezcan criterios meritocráticos en la selección de cargos públicos (únicamente existe la LOFAGE, 1997, que obliga a tener formación universitaria a los directivos públicos de la Administración General del Estado).
         En contraposición, Dinamarca, pionera en este sentido, es uno de los países cuyo IDH es mayor, y obtiene habitualmente un 9/10 en ética pública (nota dada por la ONG Transparencia Internacional).
     Por otra parte, hay que tener en cuenta también los costes laborales -la cuña fiscal- de las empresas, es decir, los gastos globales que supone un trabajador a una compañía. En España la cuña fiscal se sitúa (situándose anteriormente en cifras parecidas) en el 41,4%, un valor superior al japonés y al de los países anglosajones de la OCDE, que, a su vez, tienen mejores tasas de paro. No obstante, también debemos afirmar que no esta no es una causa directamente relacionada con el desempleo, aunque sí influye, pues otros tipos de países (nórdicos y centroeuropeos) obligan a las empresas a realizar mayores costes, pero su empleabilidad es también mejor.
      Aquí podemos interpretar que los costes se ven compensados con un mayor nivel de productividad y, en ocasiones (como en Suecia), es la propia empresa quien prefiere invertir en el trabajador para formarlo mejor o para motivarlo más (coste de la natalidad).
           Desde el punto de vista fiscal, debemos añadir, de acuerdo con un informe del Banco Mundial y PwC, que la carga impositiva media de las empresas españolas es de un 17%. Sumando ello a los costes sociales que hemos visto antes, tenemos una carga fiscal global de un 58%, frente al 41% de la media comunitaria. A ello hay que sumarle, aparte, las pérdidas por absentismo laboral, que fueron de 8040 millones de euros (costeados por las empresas privadas afectadas y por la Administración).
Dichos gastos suponen un coste de oportunidad en el sentido de retención por parte del Estado de cantidades monetarias que, de ser menos intensas, irían destinadas a la inversión privada o a la creación de puestos laborales.
         El siguiente capítulo, directamente relacionado con el paro estructural, corresponde al fraude fiscal, tradicionalmente elevado en nuestro país, que cuesta aproximadamente 90.000 millones de euros al año a las arcas públicas (un 23% del PIB, aproximadamente) -uno de los más altos, junto al italiano- de acuerdo con los técnicos de Hacienda, (correspondiendo más del 70% a las grandes fortunas). Además, según FEDEA, se calcula que hay 144.000 millones acumulados pertenecientes a españoles en paraísos fiscales.
           En el primer caso, si bien el fraude puede llegar a tener una faceta eficiente, en términos de que ese dinero no recaudado podría ser destinado al consumo privado, al no disponer el Estado de las cantidades que preveía obtener; también es cierto que determinadas políticas de estímulo: invertir en políticas de empleo; en I+D+i; en otros ingresos personales que estimulan la economía (subsidios, pensiones...) o en Educación, como base del desarrollo de una sociedad.; alimentan bases sólidas de empleo estructural.
          En el caso del dinero ubicado en territorios que practican una competencia taxativa desleal, el perjuicio es doble: por un lado, el Estado no recauda ese dinero para los fines ejemplificados o para, a cambio de percibirlo, bajar impuestos; y, por otro, es unas cantidades paradas, o sea, no está en circulación en nuestro país, ya sea para consumo o inversiones privadas. Y, en caso de ser utilizado, puede llegar a hacerse fuera de nuestras fronteras, por lo que nunca beneficiaría ni a la sociedad ni al Estado español.
         Por otro lado, también deberemos considerar un mal histórico a nivel institucional (desde el nivel municipal hasta el estatal): la corrupción. Según la UE, cada año este ente transnacional pierde 120 mil millones. Según la Comisión Europea, España -que obtiene entre un 5/10 y un 6/10 en ética pública, de acuerdo con Transparencia Internacional- se sitúa por encima de la media negativa en este tema. Por lo que si nuestro país supone casi la décima parte demográfica de la Unión Europea, el dinero perdido perdido no baja de los 12 mil millones de euros anuales, que se podrían invertir en las políticas públicas señaladas, ya sea de mayor inversión o de menor esfuerzo fiscal.
Asimismo, en relación a la corrupción, también hay que destacar la falta de mecanismos de control (también, fuera de la esfera pública, extendidos al ámbito del funcionamiento de las grandes compañías privadas) o reducción de este mal endémico: inexistencia de un mayor número de jueces o de inspectores de Hacienda, exceso de aforados, puertas giratorias (forma de nepotismo entre políticos y grandes empresarios)...
          Por su parte, el capítulo de I+D es de los más desventajosos por parte de España, al igual que en el resto de países del sur Europa. El capital epistemológico y tecnológico que aporta a las empresas ocasionaría que estas fuesen más competitivas, y ello se traduciría, en nuestro caso, a nivel laboral.
          En España la inversión ha oscilado únicamente entre el 1%-2% del PIB, frente a Japón, los NPI, los países anglosajones, centroeuropeos y nórdicos de la OCDE, cuyos niveles de inversión han superado el 5% en los últimos años.Es significativo, de acuerdo con esta organización, el dato que apunta a que hay una correlación positiva entre inversión en I+D y el índice de transparencia institucional.
          En penúltimo lugar, también debemos resaltar que España no se ha concentrado históricamente tan intensamente como otros países del 1º Mundo en sectores productivos y estables -especialmente, los industriales- (Automoción, Maquinaria, Electrónica...), o simplemente han entrado en intensas crisis (Naval, Siderurgia...).
            Así, las principales fuentes de actividad han sido el Turismo y la Construcción, que aportaban al PIB más de un 10% antes de 2008. Si bien la Construcción se puede considerar estable, puesto que funcionó sólidamente desde el desarrollismo (1960s) y las causas de su caída fueron exógenas (mal funcionamiento de algunas entidades financieras); en el caso del Turismo, este es altamente fluctuante (depende, en buena medida, de la moda de visitar países o zonas) y suele tener un carácter más estacional (períodos estivales) y los ocupados, especialmente empleados, dedicados a este suelen tener un nivel de ingresos por debajo de la renta per cápita media nacional.
        En definitiva, la avanzada posición que España ha ocupado en el sistema económico internacional desde la II Restauración no se refleja a nivel laboral, cuyos índices de desempleo han figurado siempre entre los más altos de la OCDE, ya sea en épocas de bonanza o de desaceleración económica, además de que la contratación temporal ha sido también notable, a la vez que los ingresos han estado por debajo de la media comunitaria desde la adhesión a la CEE, en 1986.
             Ello ha impedido su consolidación como gran potencia mundial y ha contribuido, entre otros aspectos: a la desafección entre buena parte de la ciudadanía (más aún, si está relacionada con la corrupción institucional) con la clase política; a la pérdida del talento, más acentuada en el último lustro; a la imposibilidad de tener un superávit global de las cuentas públicas (en 2004 la deuda pública era ya de un 10% del PIB, mientras que ahora supera el 100%); a preocupantes situaciones de depresión y ansiedad, en términos patológicos;
         En este sentido, caben destacar las dimensiones cultural, ideológica, ética y epistemológica como las generadoras de las causas que aquí hemos estudiado. Ello se debe a la carencia de un mayor comunitarismo y unos menores preparación de las élites políticas y espíritu emprendedor; lo que conforma un país menos propenso a crear las condiciones necesarias de equidad, transparencia y prosperidad sociales; en contraste con otros países ricos.
        Aceptando el grave problema demográfico, el aminoramiento del desempleo, en conclusión, puede pasar por una mayor inversión en Educación e I+D, una desregularización efectiva combinada con el control de instituciones estratégicas, el gasto económico contra el fraude y la corrupción o de una más eficaz concentración en sectores económicos estratégicos.
Todo ello dependerá de la ciudadanía, que es la que detenta la soberanía popular, así como del talento y honestidad de nuestros representantes.




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